Las empresas de nueva generación que basan su negocio en la economía colaborativa están en auge. Se trata de proyectos con algunas características comunes, como que son baratos, fáciles de diseñar y en general, cubren las necesidades básicas para un nicho de mercado relevante. Pese a ello la normativa económica española no va acompasada con el desarrollo de la tecnología, puesto que este tipo de negocios se mueven dentro de una zona gris en lo que la actual legalidad se refiere.
Desde una firma especializada en el asesoramiento de startups, como es Ad&Law, explican que “los legisladores quieren participar de los beneficios de un sector que mueve millones, pero no tienen las herramientas para ello, por lo que intentan aplicar normas en vigor que no representan la realidad del momento”.
Por eso algunas startups de economía colaborativa pueden llegar a tener problemas con Hacienda e Inspección de Trabajo si su equipo lo forman falsos autónomos o falsos temporales. Se trata de riesgos legales para los emprendedores que se mueven dentro de este sector, por lo que antes de montar un negocio sería preciso que se informasen bien de la legislación aplicable y posibles sanciones.
En este tipo de empresas emergentes, las de servicios de limpieza a domicilio se enfrentan a uno de los mayores problemas, ya que Hacienda está considerando que el papel de estas startups como intermediarias desaparece cuando el profesional sólo trabaja con pedidos de la empresa. Por tanto la realidad que la administración considera es que son falsos autónomos, una figura ilegal, mientras que las empresas se reafirman en que sólo ellas intermedian entre clientes y profesionales.
Además en relación a las startups de economía colaborativa dedicadas al transporte de viajeros, Hacienda comienza a considerar que los conductores tienen una dependencia importante de estas plataformas y que deben cumplir las condiciones que la compañía les marca. De no ser así corren el riesgo de ser sancionadas o verse obligadas a trasladar su negocio a otro lugar o bien cerrarlo.
También se han consolidado servicios reparto a domicilio, que suelen tener una demanda alta y necesitan muchos repartidores. En el caso de que estos empleados trabajen a tiempo completo para una startup pero sean trabajadores por cuenta ajena, deberían tener los mismos derechos que cualquier otro empleado del sector.
A todo esto se suma la incertidumbre fiscal, ya que todavía el Estado no ha decidido la política tributaria con la que van a obtener los impuestos de este tipo de actividades.
Hasta el momento la mayoría de empresas de economía colaborativa sólo pagan los impuestos típicos, como son el de sociedades, IVA o IAE, pero la intención del Gobierno es recaudar más.
Por eso Haciendo está obligando a los marketplace y portales a que les envíen sus datos, referidos a ámbitos que van desde los alquileres de viviendas, trayectos en coche o limpieza de hogares. Todo con tal de recabar toda la información que puedan sobre este tipo de empresas.
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