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La Comunidad de Madrid comienza la guerra contra Airbnb

La Comunidad de Madrid comienza la guerra contra Airbnb

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Por primera vez la Comunidad de Madrid ha abierto expedientes sancionadores a medio centenar de apartamentos turísticos que incumplen la nueva ley que regula el sector, que vive un periodo de controversia con la irrupción en el mercado de plataformas como Airbnb.

Así lo explicaba en una entrevista el director general de Turismo de la Comunidad de Madrid, Carlos Chaguaceda, que afirma que los apartamentos de uso turístico deben cumplir las normas fijadas por la Comunidad de Madrid, que se encuentran en vigor desde agosto de 2014, tras un año de polémica y presión por parte del sector hotelero y hostelero ante lo que llaman ‘hoteles clandestinos’.

Esta nueva ley sumó requisitos para los apartamentos turísticos con una estancia mínima de cinco noches, junto con la adaptación a las normas sectoriales en materia de seguridad, urbanismo, sanidad, accesibilidad y medioambiente. La nueva legislación introduce las viviendas de uso turístico en un registro de empresas turísticas, teniendo que mostrar una placa identificativa en un lugar visible.

Se trata de una respuesta legal a las presiones que diferentes asociaciones hoteleras de Madrid, que se quejaban de que más de 8.000 de las 70.000 plazas del gremio de hospedaje de la Comunidad eran ilegales, perteneciendo a pisos que en forma de apartahoteles u hostales que se mantenían en la economía sumergida.

Con la irrupción de nuevos actores como Airbnb, Chaguaceda reconoce que el panorama se ha complicado, encontrando la empresa reticencias en su actividad en otras zonas de España, como Cataluña.

Con respecto a plataformas como Airbnb, que según un estudio de la Universidad Complutense tuvo un impacto económico global en 2014 de 323 millones de euros en Madrid, el Gobierno autonómico ha hecho una consulta a la secretaría de Estado de Telecomunicaciones para conocer si puede ejercer algún tipo de reclamación en casos de irregularidad.

El director general de Turismo apunta que se trata de un tema complicado porque implica a muchas administraciones, incluso de la Unión Europea. Ante la incertidumbre sobre su regulación, la secretaría de Estado de Turismo ha abierto unas mesas de trabajo con las autonomías para armonizar la regulación. Hasta la constitución del nuevo Gobierno de momento están “un tanto en suspenso”.

La administración nacional añade que se debe encontrar una ‘manera europea’ de afrontar la cuestión, donde “todas las partes en un conflicto siempre tienen una parte de razón, o algún argumento que funciona a su favor, y otras que no”.

Se trata por tanto de conocer si las plataformas tienen alguna responsabilidad sobre aquello que anuncian.

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