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La Comisión Europea ha presentado este jueves una directiva cuyo objetivo es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas digitales como Uber, Deliveroo o Glovo y al mismo tiempo dar seguridad jurídica a las empresas. La norma podría obligar a regularizar hasta 5,5 millones de falsos autónomos en toda la Unión Europea.

En concreto, la propuesta de Bruselas -que todavía tiene que ser refrendada por los Gobiernos de los 27 y la Eurocámara- pretende armonizar iniciativas similares adoptadas por los Estados miembros, como la ‘Ley Rider’ que ha aprobado España, que provocó la marcha de Deliveroo de nuestro país.

La Comisión Europea ha presentado este jueves una directiva cuyo objetivo es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas digitales como Uber, Deliveroo o Glovo y al mismo tiempo dar seguridad jurídica a las empresas. Clic para tuitear

La patronal europea, Business Europe, ha acusado al Ejecutivo comunitario de «ignorar la diversidad del trabajo en plataforma». La ‘Directiva Rider’ «tendrá un efecto paralizador en las oportunidades para las personas de emprender actividades económicas como autónomos y repercutirá negativamente en la prestación de servicios en el mercado interior», ha dicho en un comunicado.

Según los cálculos de Bruselas, la regularización de los falsos autónomos en toda la UE provocará un incremento de costes de hasta 4.500 millones de euros al año para las plataformas digitales.

Fuerte crecimiento de la economía de plataformas digitales

De esta forma, el equipo de Ursula von der Leyen ha decidido adoptar esta iniciativa tras constatar el fuerte crecimiento de la economía de plataformas digitales. Hoy en día, alrededor de 28 millones de personas en la UE trabajan a través de una de estas compañías.

La gran mayoría de las personas que trabajan mediante plataformas digitales son auténticos autónomos. Sin embargo, se estima que un total de 5,5 millones de trabajadores están clasificados como independientes de forma incorrecta, lo que limita sus derechos sociales y les condena a la precariedad, sostiene el Ejecutivo comunitario.

Este es el principal problema que pretende resolver la ‘Directiva Rider’: garantizar que a las personas que trabajan a través de plataformas digitales se les reconozca el estatus legal laboral que corresponde a su régimen de trabajo real. En este sentido, la norma establece cinco criterios de control para determinar si la plataforma es un ‘empleador’, la plataforma debe cumplir al menos dos de estas condiciones: 1) Determinar el nivel de remuneración o fijar límites máximos; 2) Supervisar la realización del trabajo con medios electrónicos; 3) Restringir la libertad de los trabajadores para escoger sus horarios o periodos de ausencia, aceptar o rechazar tareas o usar subcontratados o sustitutos; 4) Fijar reglas obligatorias sobre la imagen o conducta hacia el receptor del servicio o sobre la forma de realizar el trabajo; 5) Restringir la posibilidad de construir una base de clientes o trabajar para otros.

Gestión algorítmica

Las nuevas reglas no se aplican únicamente a las empresas de reparto, sino a todas aquellas plataformas que organizan el trabajo realizado por individuos. No afecta a las compañías digitales que simplemente publicitan ofertas o peticiones de servicios, o que muestran los proveedores de servicios disponibles en un área específica. Tampoco se aplica a los proveedores de un servicio cuyo propósito principal es explotar o compartir activos (por ejemplo, Airbnb)

En cuanto a la gestión algorítmica, la ‘Directiva Rider’ obliga a las plataformas a aumentar la transparencia. En primer lugar, se reconoce el derecho a los riders a ser informados sobre los sistemas automatizados de supervisión y toma de decisiones que utiliza la compañía y cómo afectan a sus condiciones laborales.

Los riders tendrán derecho a impugnar decisiones automatizadas, y la compañía está obligada a responder en un plazo máximo de una semana y a garantizar el acceso a un contacto humano. La recogida y procesamiento de datos de los trabajadores deberá limitarse estrictamente al trabajo realizado.

Además, la ‘Directiva Rider’ obliga a los Estados miembros a reforzar los controles y las inspecciones para garantizar que se cumplan las nuevas normas. Una vez aprobada por los Gobiernos y la Eurocámara, lo que tardará meses, los Estados miembros dispondrán de dos años para incorporarla a sus respectivas legislaciones nacionales.

Fuente: El Español