El sector de las aeronaves no tripuladas se encuentra actualmente en punto muerto desde que el 4 de julio de 2014 el Consejo de Ministros aprobó la ley que regulaba su uso, y lo restringía sobre poblaciones urbanas o para tomar imágenes de gente.
A través de Meritxell Codina, CEO de Eurania, desde Teknautas aseguran que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha dado de alta cerca de 700 empresas. La directiva señala que, desde que saliese el año pasado, el marco legal es “insuficiente” por lo que los operadores de drones todavía están esperando “una normativa definitiva y mucho más completa”.
En términos generales, la normativa actual obliga a que los operadores de las empresas tengan un carnet especial de piloto. Además se deben inscribir en el registro de aeronaves de los aparatos de más de 2 kilogramos, con la prohibición de sobrevolar zonas urbanas de masificación sin el permiso explícito de AESA, ni tampoco tomar imágenes de grandes concentraciones de gente.
Para Codina, este marco legal “es tan general que da lugar a muchas situaciones sin respuesta, por lo que el sector tiene las alas cortadas”. De hecho la demanda de servicios, como por ejemplo la grabación de eventos desde el cielo, es alta pero de momento esas peticiones no pueden ejecutarse.
Para regular mejor esta situación los operadores de drones no piden la supresión de restricciones sino una normativa que contemple que “si el operador acredita que ha reducido el riesgo al máximo pueda ser autorizado en el futuro a volar en núcleos urbanos”.
De hecho todo apunta que el sector tiene potencial para generar empleo y riqueza, pero si este panorama persiste la situación se puede volver vulnerable, y más en España que “es la cuarta industria aeronáutica de Europa”.
De momento parece que la normativa transitoria puede seguir manteniéndose hasta 2016, declarando AESA que “la máquina administrativa ya está en marcha” y que el resto no depende de ellos.
Si bien la situación legal afecta al despegue del sector también lo hace con los aficionados. La moda de este tipo de vehículos ha ido creciendo y las restricciones no quedan claras puesto que “en teoría su uso está limitado a los campos de aeromodelismo”, indican desde Eurania.
Parece que la tecnología avanza más rápido que la legislación, siendo otro de los principales problemas que los cuerpos de seguridad del Estado tampoco están mejor informados, por lo que hacer cumplir la normativa también les es difícil.
Aunque los drones en España ya están regulados, todavía existe un gran desconocimiento de particulares, con la dificultad que las empresas puedan desarrollar trabajos relaciones acorde a la ley. Al final la situación provoca que el potencial esté desaprovechado.