Introducir la tecnología blockchain en la administración pública ofrece un extenso abanico de posibilidades y ventajas.
Permitirá hacer posible modelos de gestión realmente transparentes, desprovistos de burocracia excesiva, que permitan al ciudadano tramitar documentos de todo tipo en forma rápida, sencilla y totalmente confiable. Mediante esta herramienta, los organismos públicos funcionarán con una eficiencia extraordinaria, reduciendo al mínimo los costes y el uso de papel, mientras dejan sin efecto cualquier posibilidad de error, fraude y corrupción.
En España se han dado algunos pasos en esa dirección: a principios de julio de 2018 fue introducida una propuesta no vinculante en el Congreso de los Diputados que insta al Gobierno a incorporar la tecnología blockchain para un mejor funcionamiento de los organismos oficiales; Andalucía ya estrenó su propia criptomoneda, la Olivacoin y su gobierno local ya muestra la intención de adoptar muy pronto la digitalización de sus procesos; en el mismo sentido, la Generalitat de Cataluña decidió impulsar el empleo de blockchain en su administración.
¿Qué pasaría si estos intentos de digitalizar la administración pública se hacen realidad? ¿Qué pasaría si esta intención se convierte en una tendencia mundial?
La respuesta es sencilla y fascinante a la vez: ocurriría una auténtica revolución de los servicios públicos, comparable a la generada por el desarrollo de Internet en las últimas décadas del siglo XX. Y no es una afirmación idealista, porque el blockchain tiene la capacidad de establecer una nueva relación entre los gobiernos y sus ciudadanos mediante el intercambio de datos, ahora bajo un esquema más eficiente, transparente y confiable.
El Internet de las Transacciones, como también es conocida esta tecnología, ha sido el soporte sobre el que se desarrollaron Bitcoin y Ethereum, las monedas digitales más importantes en la actualidad. Su sistema de encriptación blinda el intercambio de datos para todas las transacciones con estas criptomonedas a través de nodos de información, lo que determina la confianza que ha permitido el crecimiento de las mismas. Este intercambio de datos es íntegro y totalmente seguro; transfiere valor mediante contratos inteligentes y proporciona simetría entre los participantes de la red, eliminando por completo la intermediación.
Por estas características, el blockchain es la plataforma ideal para apoyar la digitalización de las administraciones públicas. Algunos expertos pronostican la creación de servicios públicos en ecosistemas abiertos, transparentes y seguros con el respaldo de esta tecnología. También creen que el blockchain puede apoyar a los organismos oficiales en el sentido de aprovechar nuevos modelos de negocio, innovaciones y fuentes de datos disponibles para diseñar y edificar infraestructuras públicas eficientes, garantizar la seguridad y provisión de requerimientos a los ciudadanos, así como para potenciar una economía sostenible y fortalecer a las comunidades.
Hacia una gestión eficiente y libre de riesgos
En la actualidad, las instituciones públicas se enfrentan a retos tales como las limitaciones presupuestarias, la complejidad de sus procesos, una creciente demanda de servicios y el reclamo constante de los ciudadanos, sin contar el riesgo al ataque de los hackers a sus bases de datos.
La introducción del blockchain en los organismos oficiales ofrecerá a las administraciones y a los ciudadanos, entre otros beneficios, una significativa disminución del tiempo requerido para tramitar documentos, procedimientos más eficientes, sencillos y flexibles, una inmediata y directa comunicación entre diferentes administraciones y una interacción directa entre los diversos cuerpos de seguridad y gestión de emergencias. Además el acceso a datos precisos y confiables permitirá a los organismos oficiales tomar las decisiones acertadas y enfocar su atención en aspectos prioritarios.
El potencial del blockchain es tal, que si cada ciudadano tiene acceso a los registros, no precisa de un intermediario que verifique los documentos y valide las transacciones. Al tramitar el registro del coche, las licencias comerciales o los certificados de propiedad, entre otras diligencias, mediante blockchain las personas pueden ahorrar tiempo y dinero, como por ejemplo los honorarios de abogados y el traslado a las dependencias oficiales para certificar la legalidad de los documentos, todo ello bajo estricto cumplimiento de las normativas legales.
Algunos gobiernos están probando la capacidad de la «cadena de bloques» para facilitar servicios fuera de sus fronteras, como el registro de empresas extranjeras o la recaudación de impuestos.
Esta plataforma también apoya las labores de auditoría en el momento que se requieran, incluso mientras se comparte o se actualiza la información; más aún, puede detectar cualquier irregularidad en el uso de la misma y emitir la alarma correspondiente.
La transformación del sector público
Implementar el blockchain en la administración pública implica una transformación previa de los organismos involucrados en el proceso ya que puede cambiar radicalmente la gestión a la que se aplica, incluyendo todos los procedimientos de sus transacciones. El blockchain reduce costes y fricciones de la ejecución, crea registros de transacción inalterables en diferentes ubicaciones y suministra toda esa información de forma transparente.
El sector público tiene particularidades que deben tomarse en cuenta para adoptar la tecnología blockchain: desde el modelo de gobernabilidad inherente a la gestión y el mantenimiento del parque tecnológico hasta las labores de seguimiento. La idea es prever que la red posea elementos operativos sostenibles, así como elementos dinámicos de crecimiento igualmente sostenibles.
La voluntad política
La aplicación del blockchain en todo el ámbito de la administración pública dependerá en gran medida de la voluntad política de los gobiernos. El ciudadano común puede percibir «la cadena de bloques» como un elemento que hace más democrático el acceso a los servicios públicos. Pero, dada su capacidad de impedir el fraude y la corrupción, además de hacer énfasis en auditorías exhaustivas y constantes, la incorporación de esta plataforma tecnológica causará sin duda la oposición de ciertos sectores que verán en la misma una amenaza a sus intereses.
Sin embargo, los sectores políticos interesados en mantener su credibilidad como instituciones serán seguramente los primeros en apoyar la entrada del blockchain en la gestión pública, para beneficio de los ciudadanos y de las propias administraciones de gobierno.
