Tiempo de Lectura: 1 minuto
Con el argumento de que la ley catalana de turismo de 2002 no ampara las multas, y que existe un «vacío normativo» en la regulación de la economía colaborativa, un juez anula las dos multas impuestas por la Generalitat de Cataluña a Airbnb en 2014.
Quedan anuladas las multas impuestas por la Generalitat de Cataluña a @airbnb_es Clic para tuitearFue hace dos años cuando el gobierno catalán impuso una multa valorada en 31.500 euros a la plataforma de Internet de reserva de alojamientos entre particulares, por prestar servicios turísticos sin la habilitación necesaria.
La sentencia anula las dos multas, de 30.000 y 1500 euros respectivamente, que obligaron a Airbnb a cesar su actividad para no exponerse a ninguna más. Fue en septiembre cuando la Generalitat le impuso en septiembre otra «multa coercitiva» por otros 1.500 euros, y en octubre desestimó el recurso presentado por Airbnb.
El juez considera en la sentencia que Airbnb ofrece “un espacio abierto digital de comunicación por el que cobra una comisión”, y en este punto existe un “vacío normativo”, admitiendo que “no está acreditado quién gestiona los contenidos de la página web y la relación con los usuarios”. En este sentido, en España la prestadora del servicio de Airbnb es una sociedad no establecida, mientras que la que ha sido sancionada por la Generalitat es Airbnb Marketing Service, que ejerce como mediadora o para servicios de marketing.
