tasa amazon

Las compañías de ecommerce pagarán impuestos por cada una de las transacciones comerciales con el objetivo de proteger al pequeño comercio.

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Con esto, Hacienda busca proteger a los pequeños retailers, que operan en inferioridad de condiciones frente a las grandes empresas de comercio electrónico, cuya cuota de mercado continúa creciendo debido a la generalización de las ventas online. Si se cumplen los plazos, en otoño se presentaría un proyecto de ley que entraría en vigor en 2019.

Este nuevo tipo de impuesto, que ha venido a denominarse como “tasa Google” o “tasa Amazon”, tiene a la compañía de Jeff Bezos en el punto de mira. El objetivo es proteger al comercio tradicional, más intensivo en la creación de puestos de trabajo y con escasa capacidad de competencia frente a las grandes corporaciones.

El modelo actual de bases imponibles del impuesto de sociedades no incluye este tipo de facturación por la deslocalización fiscal que se produce entre las empresas filiales y la matriz. En este sentido, las grandes corporaciones se decantan por países de baja tributación como Irlanda o Luxemburgo, o por las denominadas operaciones vinculadas, esto es, precios de transferencia ficticios entre sociedades del mismo grupo.

Desde Bruselas se ha propuesto gravar la cadena de valor de una compañía digital. Por ejemplo, los ingresos generados por la venta de espacios publicitarios, que afectaría principalmente a Google; por los ingresos obtenidos de actividades de intermediación digital que permita la interactuación entre usuarios, como es Facebook; y, especialmente, aquellos que faciliten la venta de bienes y servicios, esto es, Amazon.

¿Qué empresas se verán afectadas por el impuesto?

El único límite que ha definido la Comisión Europea es que el nuevo impuesto digital que estudia el gobierno afecte a las compañías con un mínimo de ingresos de 750 millones de euros a nivel mundial y de 50 millones en la UE.

En cuanto al impuesto de sociedades, se ha propuesto gravar los beneficios generados en el territorio de un estado miembro, aunque la compañía no cuente con presencia física en el país. Las condiciones serán que la facturación sea superior a los 7 millones anuales, que tenga más de 100.000 usuarios en el estado miembro o que en un año se generen más de 3.000 contratos digitales.

Con esto se pretende acotar la deslocalización de beneficios, que provoca la erosión de las bases imponibles del impuesto de sociedades. Así, se ha estimado que Apple, por ejemplo, solo paga un 2% de sus impuestos fuera de EE.UU.

Las medidas propuestas por Hacienda se encuentran avaladas por un acuerdo entre los gobiernos de Alemania, Francia, Italia y España para poner en marcha un nuevo modelo de fiscalidad más eficiente en cuanto a la recaudación de las empresas digitales.

Fuente ElConfidencial

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